Cerrar calles con portones para frenar los robos: cómo es el polémico proyecto que enfrenta a un intendente y vecinos

El intendente que quiere cerrar con portones algunos barrios de Villa Allende por la inseguridad mandó a licitar la obra y crece el conflicto con los vecinos que rechazan el proyecto. La idea del alcalde Pablo Cornet surgió a fines de 2024 y enseguida causó revuelo. El tema está judicializado pero ahora, luego de que la Justicia rechazara los planteos de los vecinos que se oponen, el municipio avanza con la instalación de los portones. El objetivo es prevenir el delito y los que se oponen dicen que no quieren “vivir encerrados”.

Con escasos antecedentes en el país, la idea que tuvieron en el municipio es que cada portón se cierre a las 22 y se abra a las 6 de la mañana. Los funcionarios dibujaron corredores para el ingreso y egreso por calles que se denominaron “principales” y maquetaron portones en las que entendieron que son menos importantes.

Desde la presentación del proyecto hasta la aprobación del Concejo Deliberante, hubo manifestaciones y cruces entre las partes.

Cuando terminaba diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Número 1 de Córdoba rechazó el amparo presentado por los vecinos para que se declare la inconstitucionalidad del proyecto oficial.

De todos modos, los autoconvocados decidieron apelar, aunque el municipio ya licitó la construcción y colocación de los portones que se plantarán en dos barrios que serán algo así como una experiencia piloto del “plan integral de seguridad” que instrumenta y promociona el municipio.

Villa Allende es una ciudad de 50 mil habitantes que limita con Córdoba capital y forma parte de un conglomerado urbano que concentra la mayor cantidad de la población de la provincia.

Desde la década de 1990 comenzó a crecer hacia sus costados en loteos que vieron nacer los primeros countries y barrios cerrados. En la actualidad, alrededor del 30 por ciento de la población de esta ciudad satélite vive en ese tipo de urbanizaciones.

La idea del Ejecutivo local es brindar un tipo de seguridad similar a los vecinos que viven en los barrios comunes.

La fase inicial contempla colocar 13 portones y dos rejas en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur.

“Esta es una medida que permite acercar a los barrios tradicionales muchas de las bondades de los barrios cerrados a los que no todo el mundo puede acceder”, dicen desde el municipio.

En una casa de barrio Lomas Sur, un grupo de vecinos que se opone a los portones debate qué acciones llevar adelante para frenar el proyecto. Javier Saad es uno de los que se sorprendió cuando la noticia explotó en los medios de comunicación. “En diciembre de 2024, el intendente apareció de pronto y planteó: ‘Vamos a cerrar las calles para darle más seguridad a los vecinos’. No era una promesa de campaña ni estuvo en la plataforma electoral, nada”, dijo a Clarín.

En la reunión hay comerciantes, docentes, jubilados y el abogado Hugo Yagüe, quien representa a los autoconvocados y estuvo a cargo de las presentaciones judiciales. A fines de 2025, recibieron la confirmación de la Cámara sobre el rechazo del recurso de amparo que presentaron para dar marcha atrás con el cierre. En los primeros días de febrero, apeló ante el Tribunal Superior de Justicia cordobés.

En el grupo también participan Alejandro Santander, Beatriz Cena, Verónica Furlán, Marcela Strada Tissera y Cecilia Klor. Casi ninguno se conocía entre sí hasta que comenzó esta pelea que los unió; ahora realizan rifas, festivales y venta de comida para solventar las acciones de los autoconvocados.

“Hay una fuerte improvisación en este proyecto porque no hubo un solo simulacro de rescate o salvataje, ni de entrada y salida de ambulancias”, sostuvo Marcela, al tiempo que afirmó que “tampoco hay estadísticas en todo el mundo que diga que un portón puede disminuir la inseguridad”.

Un grupo de vecinos presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Villa Allende para declarar inconstitucional la ordenanza 14/2025. Entre los argumentos de la presentación se planteó que con este sistema se vulnera el principio de “libre circulación” ya que al cerrar calles públicas se afecta el derecho constitucional a transitar libremente.

Después de que en primera instancia les dieran la razón, la Cámara en lo Contencioso Administrativa rechazó el recurso de los vecinos.

En el fallo, el tribunal determinó que el derecho al tránsito no es absoluto. Y afirmó que la restricción es razonable porque es proporcional al fin perseguido (seguridad pública), sólo afecta calles secundarias y se aplica en un horario de máxima vulnerabilidad delictiva y mínimo flujo vehicular.

Del lado de los vecinos, se decidió apelar la medida judicial. “La Justicia le sale a favor de ellos al 100%. No haciendo lugar al amparo directamente”, dijo Yagüe, el abogado que representa a los autoconvocados. “Tenemos más expectativas en la incongruencia del fallo de la Cámara que en la inconstitucionalidad, porque dice cosas abiertamente contradictorias”, expresó.

El intendente Cornet le dijo a Clarín que la idea surgió en el proceso de varias reuniones que mantuvo con vecinos preocupados por la inseguridad en los barrios.

Se reflotó una vieja ordenanza de 2010 que ofrecía un marco legal para aplicar la idea de los cierres con la coordinación del área de Seguridad Ciudadana del municipio y la Policía provincial.

El intendente sostuvo que se relevaron las calles por donde ingresan a robar los ladrones y determinaron un circuito, un mapa de la delincuencia en el que se marcaron los puntos donde se podían colocar los portones.

“En Villa Allende, de 33 barrios, más de 10 son cerrados; más del 30% de la población ya vive en barrios cerrados con control de acceso, que es mucho más exhaustivo que lo que nosotros estamos proponiendo”, dijo el jefe de Gobierno.

Los vecinos recordaron un caso en España donde una decisión similar terminó ocasionando la muerte de un habitante porque el portón impidió el ingreso de una ambulancia. “El portón va a estar, en teoría, cerrado de 22 a 6 de la mañana. No hay control vecinal. Si vivís en esa cuadra, tenés que dar toda una vuelta”, se quejó Cecilia y puso un ejemplo: “Imaginen a una adolescente que vuelve de bailar a las 4 de la mañana y tiene que dar toda la vuelta manzana por calles sin iluminación, sin desmalezamiento y sin vigilancia, porque solo van a estar vigiladas las principales”.

Para el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, los vecinos que se oponen al proyecto no tienen toda la información o los impulsa alguna motivación política.

“El plan contiene solamente 13 portones y dos rejas para las calles donde circulan los delincuentes, verificadas por nuestro mapa de calor y el sistema IBIS, que nos dice de dónde sale la alerta. Las calles principales quedan abiertas y se convierten en corredores seguros monitoreados con cámaras y lectoras de patentes”, remarcó.

En torno a las críticas que sostienen que existirán inconvenientes para evacuar los barrios o en emergencias sanitarias, señaló: “Si no tiene problema un country, que tiene un único ingreso con control de acceso, y no hay gente que se esté muriendo por eso, me parece que se está sobreactuando o se quiere voltear un proyecto buscando cualquier argumento”.

Cornet dijo que los vecinos que receptan el proyecto, una vez que lo conocen, “se convencen de que es una alternativa que puede ayudar mucho”.

Pero, aclaró:” ¿Es infalible? No, hecha la ley, hecha la trampa, pero debería mejorar mucho la situación”.

En referencia a las opiniones que apuntan que esta disposición se utilizará como un mecanismo discriminatorio, el jefe comunal aseguró que ningún agente municipal solicitará identificación.

“Nadie te va a pedir DNI, nadie te va a preguntar cómo te llamás. Vas a poder entrar y salir las 24 horas. Ningún vecino queda a más de una cuadra y media o dos de un acceso principal. Por dos cuadras más de trayecto de una ambulancia no va a cambiar nada”, dijo y apuntó que la idea no es convertir un barrio abierto en uno cerrado. “La idea es hacer un anillo de seguridad entre monitoreo y cierre para que nuestra tarea preventiva sea más efectiva”.

Para el intendente, lo que se provocará es también una revalorización de las propiedades a partir de la implementación del sistema.

“Nosotros hacemos una tarea preventiva. Pero, además, esto revaloriza las propiedades. Hay barrios donde hoy una casa que vale 10, por la inseguridad que existe te ofrecen 6”, dijo.

El secretario Crespo dijo que los que se oponen al proyecto tienen motivaciones políticas. “Los grupos de autoconvocados que se oponen nunca llegan genuinos a más de 15 personas; en las fotos ves 40, pero son 30 políticos y 10 vecinos. Son militantes de la izquierda más extremista de Villa Allende”.

Los vecinos plantearon que existe un espíritu “virulento” desde el Ejecutivo hacia quienes se oponen. “El intendente sale en el Instagram oficial diciendo que nosotros amenazamos vecinos para que firmen… que las firmas habían sido en base a amenazas”.

Aseguraron, además, que en los registros de inseguridad que maneja el municipio, uno de los barrios con más robos es el Centro, y en ese sector no se prevén cierres. Yagüe aseguró: “Se valen de una declaración de emergencia en seguridad que dura 365 días, pero no vemos que haya habido un escándalo de inseguridad en Villa Allende durante este año”.

En enero de 2025 intendente Pablo Cornet le llevó el proyecto a Patricia Bullrich cuando todavía era ministra de Seguridad y se volvió con una foto y una publicación en la red social X, en la que la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respaldaba la implementación de los cierres.

Para Saad, todo se trata de una jugada política para posicionar al intendente en las esferas nacional y provincial: “Fueron a hablar con Bullrich cuando era ministra de Seguridad; salieron las fotos. Es una jugada fuerte porque son recursos que van a parar a empresas de fibra óptica, cámaras, drones y herrería”.

Los vecinos afirmaron que cuando se concretó la audiencia pública en el Concejo Deliberante, los ediles del oficialismo no supieron responder preguntas básicas. “Una de las concejalas, con total impunidad, dijo: ‘Yo no lo he leído, pero ya le adelanto que voy a votar que sí’”, señaló Alejandro.

El intendente aseguró que notificaron al “universo total de 1.166 inmuebles vía carta documento. Solo se opuso el 1,9%. Ni siquiera llegan a dos cada cien vecinos. Los que sufren el asedio son los vecinos a los que les roban la escalera, la manguera o la caja de herramientas, que es su fuente de trabajo. No se puede vivir así”.

Para el abogado, el registro de oposición que se abrió para que los vecinos expusieran su rechazo era “muy restrictivo”. “Si no tenías escritura, o eras inquilino o comerciante, no podías participar”, contó. “En ese registro votaba el titular de la propiedad. Si en la familia había cinco personas y dos estaban de acuerdo y tres no, votaba uno solo. Eso limitaba la posibilidad de expresarse”, agregó.

El abogado del grupo acotó: “El secretario de Gobierno dijo: ‘Esto es ensayo y error. Puede salir bien o puede salir mal’. Y el ‘puede salir mal’ corre por cuenta de nuestros bolsillos”.